52% los de ginecoobstetras de hospitales públicos de la región son objetores en una o más causales de la Ley IVE

mayo 11, 2018

Presidente regional del Colegio Médico afirmó que “el Estado tendrá que ver la provisión del recurso para que la gente no tenga que hacer viajes largos, o bien asegurarles un traslado seguro para su atención, porque el sistema público tiene la obligación de cumplir la ley».

 

El 52% de los ginecoobstetras que trabajan en los siete hospitales públicos más grandes de la Región de Valparaíso se declararon objetores de conciencia, según se desglosa de la información recabada por El Mercurio de Valparaíso vía Ley de Transparencia o solicitada a sus respectivos Departamentos de Comunicaciones.

Hospital San Martín de Quillota: 6 objetores de 16 ginecoobstetras

Hospital de Quilpué: 14 objetores de 19 ginecoobstetras

Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar: 21 objetores de 35 ginecoobstetras

Hospital Carlos van Buren de Valparaíso: 11 objetores de 29 ginecoobstetras

Hospital Claudio Vicuña de San Antonio: 6 objetores de 13 ginecoobstetras

Hospital San Camilo de San Felipe: 5 objetores de 9 ginecoobstetras

Hospital San Juan de Dios de Los Andes: 7 objetores de 12 ginecoobstetras

Así, de los 133 ginecoobstetras que se desempeñan en recintos públicos de la región, 70 son objetores (52%) en una o más de las causales que contempla la normativa.

Respecto de la disponibilidad de médicos en el sistema público, el presidente regional del Colegio Médico, Dr. Juan Eurolo, planteó que «en casos como el de Osorno, por ejemplo, en que todos los ginecólogos son objetores de conciencia, el Estado tendrá que ver la provisión del recurso para que la gente no tenga que hacer viajes largos, o bien asegurarles un traslado seguro para su atención, porque el sistema público tiene la obligación de cumplir la ley».

En cuanto a la discusión sobre si las clínicas privadas que se declaran objetoras de conciencia deben o no recibir recursos públicos, Eurolo recordó que «la Contraloría fue bien clara al decir que al aceptar dineros públicos, la institución pasa a ser una institución pública y tiene la obligación de actuar como tal. Por sentido común, uno entiende que la objeción institucional es una aberración jurídica, porque una institución no puede ser objetora, y si el derecho se lo reconoce es porque el dueño de esa institución, el directorio, son los objetores, sin siquiera preguntarle a sus funcionarios, entonces creo que se abusa con la objeción institucional y la Contraloría puso las cosas en su lugar».

 

Fuente: El Mercurio de Valparaíso